SORPRESIVA MEDIDA FUE POR MUTUO ACUERDO
El gobierno informó anoche que rescindió el contrato por la suma de US$130 millones para construcción, suministro de materiales y equipamiento de obras prioritarias que había suscrito con la Sun Land Corporation, R.D., en fecha 15 de mayo de 2006, por incumplimiento de la mencionada sociedad comercial.
La disolución del contrato se produjo por mutuo acuerdo entre las partes, y tuvo lugar en fecha 28 de noviembre del presente año. El Estado dominicano tiene la obligación de repagar los US$32 millones desembolsados por Sun Land a favor de los contratistas, por concepto de trabajos ejecutados y cubicados luego de operarse la concesión de crédito por parte de estas últimas a favor de la primera.
El disuelto convenio había sido objeto de fuertes debates jurídicos y críticas, e incluso se materializó un sometimiento por ante la Suprema Corte de Justicia. Fue firmado en representación del Estado por el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Félix Bautista y por la administradora general de The Sun Land Coporation R.D., Heredia Lombert.
Se precisa que aunque el cuestionado contrato fue firmado el 15 de mayo y 5 de diciembre del 2006, las partes contratantes rubricaron el 25 de octubre de este año un adendum donde ratifican que fue su común intención al firmar el convenio original por valor de US$130 millones.
El contrato establecía que la Sun Land financiaría y pagaría a los contratistas de obras del Estado hasta un valor de US$111,986,906 por concepto de obras, equipos y servicios de supervisión efecivamente recibidos por el Estado.
Mientras, que el Estado dominicano repagaría a The Sun Land los valores pagados por esta última, conforme obras realizadas y equipos recibidos, previa aprobación por parte de la Oficina Supervisora de Ingenieros de Obras del Estado.
Además, el Gobierno se obligaría a pagar la suma de US$18,013,094 por concepto de gastos legales y bancarios, honorarios de manejo, honorarios de administración de proyectos, seguro de riesgos, honorarios de estructuración e intereses financieros devengados por los adquirientes de las notas promisorias.
El documento indica también que la Sun Land realizó pagos a los contratistas de las obras descritas en el contrato del 15 de mayo del 2006 y sus modificaciones, por un monto de US$31,984,846.13 millones, por concepto de obras realizadas y cubicadas y dinero avanzado a los contratistas para ejecutar trabajos pendientes.
Además pagó las cantidades consignadas y los intereses adicionales devengados en las notas promisorias números 3-19, 4-19, 7-19 y 8-19, emitidas por el Estado por un total de US$35,097,261.80.
Agrega que el pago de las notas promisorias precedentes descritas se realizó con el dinero procedente de la venta de 17 notas promisorias de las emitidas por el Estado a favor de la Sun Land el 15 de mayo del 2006. “En consecuencia, las notas promisorias descritas han quedado sin ningún valor ni efecto y sin obligación alguna a cargo de la primera parte (el Estado), por lo que, al momento de la firma de este acuerdo, la segunda parte ( Sun Land) entrega, libres de cargas y gravámenes, dichas notas al Estado”.
En cuanto a las causas que motivaron la rotura contractual se encuentran contenidas en las cláusulas introductorias de dicho acuerdo resolutorio, entre las que se indica que el plazo de ocho meses contemplado para la ejecución de las obras no se cumplió.
De haberse cumplido el contrato en el plazo establecido, las obras debieron haber sido terminadas en marzo de este año.
Se precisa que por concepto del convenio el Estado no recibió dinero y los contratistas adjudicatarios de las obras sólo recibieron US$32 millones.
Ante la situación, la obligación del gobierno es la de repagar a la Sun Land los valores desembolsados por ésta a favor de los contratistas por concepto de trabajos ejecutados y cubicados, o sea, los US$32 millones desembolsados a favor de los contratistas.
También se indica que el repago que haría la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado a los contratistas adjudicatarios de los proyectos, quedaría consignado en su presupuesto de 2008.
Debido a que luego de haber transcurrido 19 meses de la firma del contrato, la construcción de obras y los contratistas sólo han recibido US$32 millones, por lo que el gobierno ha entendido que ya carece de interés el objeto original que lo llevó a contratar a Sun Land.
De haberse cumplido con el plazo establecido, las obras debieron haber sido concluidas para marzo de 2007. En el contrato con la Sun Land, el Estado dominicano no recibió dinero. Los 32 millones de dólares los recibieron contratistas adjudicatarios de las obras.
Otra razón es que la Oficina Supervisora tendrá en su presupuesto de 2008 los recursos para invertir en forma directa en la terminación de los proyectos de obras, por lo que se hace innecesaria la continuación de las relaciones contractuales con la empresa Sun Land.
En el acuerdo de relación contractual, la Sun Land se ha comprometido a cumplir con todas las demás obligaciones derivadas del contrato que había firmado con el Estado dominicano y ha liberado a éste de cualquier otro compromiso.
UN POCO DE HISTORIA
El caso de la Sun Land y el contrato de los US$130 millones tomó notoriedad ante la opinión pública el pasado 19 de septiembre, tras la denuncia del presidente del PRD, Ramón Alburquerque, y el secretario general, Orlando Jorge Mera, en el sentido de que el presidente Leonel Fernández diligenció y obtuvo de manera ilegal dicho empréstito sin la debida aprobación del Congreso Nacional.
Desde entonces y hasta la fecha el caso ha sido centro de una polémica pública que enfrentó a la oposición con el gobierno, ante la insistencia del PRD de que con esa decisión el jefe de Estado viola la constitución de la República y evidencia la falta de transparencia en el ejercicio de sus funciones.
Como parte de la ofensiva mediática hecha por el PRD a fin de que el caso sea esclarecido, y trascienda el plano local, el 20 de septiembre le fue enviada una carta al representante en el país del FMI, Eric C. Offerdal, en la que le pedían fijar su postura en torno al caso.
Pero la reacción del gobierno no se hizo esperar, y el pasado primero de octubre el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, junto al secretario de Hacienda, Vicente Bengoa y el jefe del comando de campaña del presidente Leonel Fernández, Francisco Javier García denunciaron que durante el desempeño de sus funciones como secretario de Obras Públicas, el candidato presidencial del PRD, Miguel Vargas Maldonado realizó préstamos similares.
Días después de esa postura la empresa Sun Land Corporatión defendió la operación realizada con el gobierno y negó que sea ilegal como denunciara el PRD.
El 8 de octubre el caso pasó de lo político a lo legal, luego de que el Foro Social Alternativo elevara ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad, y una semana después lo mismo hiciera el PRD.
Luego de que el caso llegara a la justicia, el presidente Leonel Fernández, el pasado 25 de octubre ante un encuentro con directores de medios de comunicación defendió la operación, bajo el entendido de que dicho préstamo no tenía que ir al Congreso Nacional como planteara el PRD.
Dijo que no se trató de un acuerdo internacional, sino de un crédito que dicha empresa otorga a los contratistas adjudicatarios de las obras que se construyen en la UASD.
El caso tuvo un leve receso a raíz de la tormenta Noel, y retomó su curso nuevamente luego de que el pasado domingo el candidato presidencial del PRD, Miguel Vargas Maldonado emplazara al presidente Leonel Fernández para que explique al país el destino dado a los US$130 millones.
El pasado miércoles el presidente del senado y secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez afirmó que para esa organización política el caso de la Sun Land era un tema cerrado.
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